Venezuela atraviesa uno de los momentos más críticos de su historia tras la captura de Nicolás Maduro en la madrugada del pasado sábado 3 de enero. El operativo, denominado “Operación Resolución Absoluta” y ejecutado por fuerzas especiales de Estados Unidos (Delta Force) junto a la CIA, ha desplazado el centro del conflicto político venezolano a una corte federal en Manhattan.


Ayer, lunes 5 de enero, Nicolás Maduro fue presentado ante un juez en Nueva York. Vestido con un uniforme carcelario y bajo estrictas medidas de seguridad, el depuesto líder venezolano se declaró “no culpable” de los cargos de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y posesión de armas de guerra.
Durante la audiencia, Maduro afirmó ante el juez Alvin Hellerstein:

    “Soy inocente. Soy un hombre decente y sigo siendo el presidente de mi país. Me considero un prisionero de guerra”.

    El gobierno de Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, ha rechazado la etiqueta de “prisionero de guerra”, insistiendo en que se trata de una operación de aplicación de la ley basada en acusaciones criminales de larga data.


    En Venezuela, la incertidumbre es absoluta. Mientras Maduro permanece bajo custodia en el Centro de Detención Metropolitana de Brooklyn:

      • Delcy Rodríguez ha asumido funciones ejecutivas de emergencia, respaldada por el alto mando de las Fuerzas Armadas (FANB), quienes han ratificado su lealtad a la continuidad del chavismo.
      • La oposición y la comunidad internacional: Diversos líderes opositores y países de la región han pedido una transición democrática inmediata, mientras que aliados como Rusia y China han condenado la operación estadounidense calificándola de “violación a la soberanía”.
      • Estado de emergencia: Caracas permanece bajo un fuerte despliegue militar tras reportes de disparos y el uso de sistemas de defensa antiaérea contra “drones no autorizados” en las inmediaciones del Palacio de Miraflores.


      El Consejo de Seguridad de la ONU se encuentra en sesión permanente. La captura ha generado una fractura global: Estados Unidos ha sugerido que gestionará el apoyo a Venezuela hasta una “transición correcta”, mientras que la ONU ha advertido que el método de captura podría socavar principios fundamentales del derecho internacional.

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